Costa Rica discute si su próxima vivienda social puede ser de bambú. El 21 de enero de 2026 llegó a la Asamblea Legislativa el expediente 25380, la «Ley para el Fomento Integral del Bambú y su Industrialización Sostenible», una iniciativa que la Universidad Nacional (UNA) respalda y ayudó a dar forma.
El proyecto lo impulsa el despacho del diputado Yonder Salas Durán, de Nueva República, con el programa PROBAMBÚ de la UNA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detrás. Al cierre de la nota original, el 3 de marzo de 2026, el texto seguía pendiente de que se le asignara una comisión para su estudio.
Qué propone la ley
El eje es declarar de interés público y nacional el desarrollo del bambú, no como un cultivo más, sino como herramienta para tres fines: la vivienda de interés social, el empleo rural y la transición hacia una economía baja en carbono. Para lograrlo, el proyecto plantea:
- Incentivos para proyectos de vivienda de interés social construidos con bambú.
- Acceso preferente a financiamiento verde para quienes siembren o construyan.
- Compras públicas sostenibles, es decir, que el propio Estado compre bambú.
- Articulación entre agricultura, vivienda, industria, banca pública y gobiernos locales, con prioridad para las zonas rurales.
Una universidad que ya construye
La iniciativa no nace de cero. PROBAMBÚ-UNA, que coordina Marilyn Rojas, desarrolla el proyecto «Bambú para la vivienda digna» junto con el MAG y formuló la Estrategia Nacional del Sector Bambú. Según la UNA, el bambú es apto para sistemas constructivos de una y dos plantas conforme a normas técnicas internacionales. La ley busca darle a ese trabajo un sustento jurídico que hoy no tiene.
Lo que todavía no sabemos
Las notas de la UNA y de Delfino describen el contenido y el respaldo técnico de la propuesta, pero no reportan presupuesto, metas de vivienda ni cuántas casas de bambú se han levantado. Tampoco hay, por ahora, una comisión asignada ni un calendario de trámite. Es una iniciativa con rumbo, no una ley vigente.
Lectura de Bamboo Style
El antecedente regional más claro sigue estando en Ecuador, donde el Estado llegó a financiar casas de caña guadua de interés social en Manabí. Entre ese caso y las leyes que ahora preparan Costa Rica y Panamá, Latinoamérica dibuja una secuencia: primero la norma técnica, luego la ley de fomento y, al final, el mercado. A México le toca decidir si entra con una política propia o si vuelve a llegar tarde.